Oil-Mail

Desde la antigüedad el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones continentales como la que hoy ocupan los países de Oriente Medio. Los asirios y babilonios lo usaban para pegar ladrillos y piedras; los egipcios, para engrasar pieles, hace 6.000 años atrás. En ese entonces, era utilizado con fines medicinales, en el embalsamamiento, para aceitar las ruedas de los carruajes y para engrasar pieles.

Sin embargo, la explotación de este recurso no llegaría sino hasta el año 100 antes de Cristo, cuando los chinos, de una manera bastante rústica extrajeron petróleo de la tierra. Su técnica, si es que así puede llamarse, consistía en buscar un lugar que pareciera adecuado para perforarlo con una caña de bambú y así extraer el petróleo. Sin embargo, a partir de 1850 comienza una etapa que se va a caracterizar por la comercialización, debido al descubrimiento de valiosas aplicaciones para este recurso natural. Por ejemplo, el asfalto no sólo se utilizó para calafatear barcos (impermeabilizarlos), sino que también para la creación de caminos. Asimismo, la parafina era utilizada en la fabricación de velas para iluminación, en el recubrimiento de quesos, pomadas para calzado, entre otros. El kerosén, por su parte, comenzó a ser utilizado en la calefacción y la iluminación.


En Venezuela las primeras noticias acerca del petróleo se remontan al uso medicinal y utilitario que le daban los primeros pobladores del territorio venezolano, a los afloramientos o rezumaderos naturales de este importante recurso que nuestros indígenas llamaban "Mene”.

El primer cronista del Nuevo Mundo, capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, en su “Historia natural y general de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano”, fue el primero en mencionar en la literatura universal el petróleo venezolano, en 1535.

Al año siguiente, la Reina de España ordenó en carta del 3 de septiembre que en todos los navíos que partieren desde Cubagua le enviaran "de lo mas que pudieres” [sic], de aceite de petróleo, para aliviar la gota de su hijo Carlos V. Así, un envío comprobado documentalmente es el del 30 de abril de 1539. Una barrica salió en la nao "Santa Cruz", confiada por el tesorero de Nueva Cádiz, don Francisco de Castellanos, al mestre Francisco Rodríguez de Covarrubia y al capitán Bernardino de Fuentes. El 18 de octubre la Reina reclamó su petróleo, en carta a la Casa de Contratación. El 31, la barrica salió de Sevilla para Madrid, bajo custodia de Alonso García, un arriero de la Cuerva.

Asimismo, en los Archivos de Indias de Sevilla se menciona que el 14 de diciembre de 1540, otra barrica de petróleo venezolano exportado a España llegó a la Casa de Contratación, para ser enviado de inmediato a Juana la Loca, “al cuidado de persona de responsabilidad". Probablemente éste fue uno de los últimos envíos a través de Cubagua y los otros vecindarios de la isla el día de navidad de 1541.

Posteriormente el 15 de junio de 1579, los alcaldes Gaspar de Párraga y Rodrigo de Argüelles informaron sobre un rezumadero de petróleo cerca de la ciudad Nueva Zamora (Maracaibo) y de cuatro más en las afueras de la ciudad. También ofrecieron una extensa descripción de los usos locales de esta sustancia.

En el año 1600, el conquistador español Alonso de Ojeda menciona la utilización de esos menes por los habitantes del Lago de Maracaibo. Casi doscientos años después, en 1799, el científico Alejandro de Humboldt hizo la primera descripción seria de los depósitos de asfalto de Venezuela. Humboldt describió las maneras utilizadas por los nativos que vivían cerca de los rezumaderos para aprovechar la brea y el asfalto, y preparó la primera lista de depósitos naturales de asfalto y fuentes termales en la zona costera que se extiende desde Trinidad hasta Maracaibo.

Entrado el siglo XIX, exactamente en el año de 1825, muestras de petróleo liviano de un rezumadero ubicado entre Escuque y Betijoque fueron enviadas al Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. El producto lo llamaban "Colombio" y se estima que fue distribuido comercialmente en la región por algunos años.

En 1830, un grupo de personas de El Moján (estado Zulia) exploró el área del río Socuy de la sierra de Perijá, donde un rezumadero de gas natural encendido, que confundieron con un volcán, los asustó grandemente. Un año antes de este acontecimiento, el 24 de octubre de 1829 el Libertador Simón Bolívar había promulgado en Quito un Decreto que consta de 38 artículos, el cual afianza y garantiza la propiedad nacional sobre “las minas de cualquier clase”, incluidas las de hidrocarburos. En esta forma se estableció el vínculo formal jurídico que a través del tiempo permitiría a Venezuela mantener soberanamente la propiedad de los recursos del subsuelo.

Diez años después, en 1839, otro venezolano excepcional, el sabio José María Vargas, también se adelantaría al uso potencial del petróleo como generador de riqueza, cuando presenta un análisis de muestras provenientes de Betijoque (estado Trujillo) y Pedernales (estado Sucre), determinando que “el hallazgo de las minas de carbón mineral y de asfalto en Venezuela es, según sus circunstancias actuales, más precioso y digno de felicitación para los venezolanos y su liberal Gobierno que el de las de plata u oro." Esta consideración de José María Vargas constituye un hecho trascendental y visionario, pues para ese momento no había nacido aún la industria del petróleo en el mundo.

Finalmente, en 1850, Hermann Karstwen publicó el primer sumario de la geología de Venezuela central y oriental, en el Boletín de la Sociedad Geológica Alemana. Al año siguiente informó sobre un rezumadero de petróleo ubicado entre Escuque y Betijoque y en el año 1852, desde Barranquilla, Colombia, sobre los abundantes rezumaderos de petróleo diseminados alrededor del Lago de Maracaibo. En diversas publicaciones, variados autores, entre los que se cuentan Arístides Rojas, Adolfo Ernst, Miguel Tejera, el ingeniero y general Wescenlao Briceño Méndez, Wihelm Sievers, Bullman, Fortín, Eggers y Richardson y los informes del Ministerio de Fomento, contribuyeron decididamente al reconocimiento de la riqueza que atesora el subsuelo venezolano. Desde esos mismos momentos se inician las primeras concesiones y se le da comienzo, en una hacienda de café umbrosa y tranquila denominada “La Alquitrana”, la explotación comercial de nuestro petróleo.


Aunque en la zona del Mar Negro, principalmente Rumania, también se explotaba y refinaba petróleo durante el siglo XIX, fue en Estados Unidos donde adquirió mayor dinamismo y poder la industria petrolera moderna, con el verdadero aprovechamiento de un recurso que indudablemente ha contribuido a la conformación del mundo actual.

Ya desde 1850 Samuel Kier, un boticario de Pittsburg, Pennsylvania, comercializó el aceite negro por vez primera bajo el nombre de "aceite de roca" o petróleo. La técnica de perforar pozos y extraer petróleo por bombeo se inauguró también en Pennsylvania, con Edwin Drake, propietario del primer pozo que se explotó en forma industrial en 1859. Esta iniciativa fue seguida por John D. Rockefeller, quien creó un poderoso imperio petrolero: la Standard Oil Co, nacida el 2 de enero de 1882 llegó a controlar unas 40 empresas dedicadas al transporte y refinación de petróleo. En 1897, se crea la Standard Oil of New Jersey, y luego, con el nombre de Exxon, pasó a ser la compañía petrolera más importante del mundo. Posteriormente, en 1911, de esta empresa se van a desprender tres de las que más tarde serían parte del Cártel conocido como Las 7 hermanas: la Standard Oil of New Jersey, ya mencionada; la Standard Oil Company of New York (Socony) y la Standard Oil of California (Socal).

Los inicios de la industria petrolera estuvieron ligados fundamentalmente a la iluminación doméstica y urbana y la calefacción. Fue durante el siglo XX, con el desarrollo del motor de combustión interna, que el petróleo adquiere verdadera importancia para la producción industrial misma y el transporte.

Años más tarde se descubrirían yacimientos importantes en Rumania, Polonia, Rusia, las Islas de Sonda y en gran parte de Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo demostraría que todos los continentes (excepto la Antártica) poseen yacimientos de petróleo, de mayor o menor importancia.



Entre la I y la II Guerra Mundial, la industria dio el gran salto para diversificar los procedimientos tecnológicos que permitieron la producción de nuevos derivados de petróleo y convertirlo en la principal y más estratégica fuente de energía del mundo. En ese contexto, el hidrocarburo venezolano pasó a tener especial preponderancia en el proceso de redefinición de las modernas potencias mundiales.

Para estos primeros años de actividad industrial la figura de la concesión petrolera fue el instrumento mediante el cual las compañías transnacionales concertaron con los Estados propietarios para explorar y explotar la riqueza de los yacimientos descubiertos en sus territorios. Con el tiempo la obtención de tales concesiones y el control por el mercado petrolero mundial, fue motivo de disputas entre las compañías petroleras transnacionales, como también de guerras entre naciones por el control de tales variables, incluidas las de las reservas. Esto nos explica cómo Venezuela, a raíz de su condición de país petrolero se convierte, fundamentalmente desde la segunda década del siglo XX, en un actor de interés para el monopolio petrolero internacional.

En Venezuela la primera concesión para la explotación de petróleo fue otorgada el 24 de agosto de 1865 por Jorge Surtherland, Presidente Constitucional del Estado Soberano del Zulia, al ciudadano norteamericano Camilo Ferrand para “taladrar, sacar y exportar petróleo o nafta en todo el estado Zulia”, concesión que caduca al año siguiente por incumplimiento de contrato.

En 1878 se otorga una concesión a Manuel Antonio Pulido Pulido para explotar el petróleo descubierto en su hacienda “La Alquitrana”, para lo cual creó la Compañía Minera Petrolia del Táchira que comenzó a operar efectivamente, es decir, con producción comercial, en 1883. Ese mismo año, se produce otra concesión que es entregada a Horatio Hamilton y Jorge Phillips sobre el lago de asfalto de Guanoco, y que fue posteriormente traspasada a la New York and Bermudez Company.

La actividad petrolera venezolana se inicia pues con la creación, en 1878, de la Compañía Nacional Minera Petrolia del Táchira, cuya producción apenas alcanzaba para dotar de kerosén a las ciudades vecinas. Su importancia radica en que no sólo es la primera empresa fundada por un grupo de venezolanos, encabezado por Manuel Antonio Pulido, sino que además desplegó todas las actividades de la industria petrolera, tanto la de aguas arriba como la de aguas abajo, al extraer, procesar y comercializar los hidrocarburos en nuestro país; una compañía, si se quiere, de integración vertical.

Tanto la producción de La Petrolia como la del lago de asfalto natural de Guanoco (Estado Sucre) en 1890, por parte de la New York and Bermúdez Company (NY&BC), ocurren mucho antes de que el mundo conozca la enorme utilidad comercial y estratégica que tendrán los hidrocarburos. Aún sin imaginar el auge futuro de esta industria, nuestro territorio se convierte en objetivo de las potencias imperialistas debido al interés comercial que ya generaba la explotación del asfalto.

En efecto, en 1901 el asfalto venezolano es el pretexto no declarado por la NY&BC, para participar como financista en la llamada Revolución Libertadora contra el gobierno de Cipriano Castro. Igualmente, entre diciembre de 1902 y febrero de 1903, las armadas de Inglaterra, Alemania e Italia bloquean las costas de Venezuela, con el argumento de que el presidente Castro no estaba cumpliendo sus “compromisos internacionales”. Ante esta agresión a la soberanía nacional, Cipriano Castro proclama su célebre frase: "Venezuela, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria".

El 14 de agosto de 1905, Cipriano Castro había promulgado una Ley de Minas que se constituyó en la base legal de las concesiones petroleras. Esta Ley permitía el traspaso de concesiones y derechos a la explotación del petróleo por lapsos de 50 años, con beneficios impositivos para el estado venezolano de dos bolívares por hectárea de superficie de la concesión.

A pesar de ello, en diciembre de 1909, comenzando el gobierno de Juan Vicente Gómez le son restablecidos los derechos concesionarios a la NY&BC. Tras esta decisión del dictador Gómez, John Allen Tregelles y N.G. Burch, apoderados de la empresa británica The Venezuelan Develoment Co., reciben una concesión de 27 millones de hectáreas que incluía los estados Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Carabobo, Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Lara, Trujillo y Yaracuy. Por cuanto la concesión Tregelles-Burch fue cancelada en 1911, en 1912 el venezolano Max Valladares obtuvo una concesión que cubría el mismo territorio, para traspasarla al día siguiente a la Caribbean Petroleum, subsidiaria de la General Asphalt.

En estos primeros años, la explotación del recurso petrolero en Venezuela quedó en manos de la angloholandesa Royal Dutch Shell, y la Standard Oil, de los Estados Unidos.

A finales de 1912 la Caribbean Petroleum pasó a estar bajo el control de la Royal Dutch Shell iniciando, además del negocio de asfalto, exploraciones en la búsqueda de petróleo. Es así como en 1913 se descubre el primer campo petrolero en Venezuela, el campo Guanoco, al completarse con éxito la perforación del pozo Barbabui 1. La Caribbean Petroleum, dueña mayoritaria de la NY&BC y subsidiaria de la Royal Dutch Shell, intensificó la exploración geológica en todo el territorio nacional y en 1914 perforó también con éxito, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, el pozo Zumaque I, que con su producción inicial de unos 200 barriles diarios (b/d), permitió el descubrimiento del primer campo venezolano de importancia mundial, el campo Mene Grande.

Pero fue en diciembre de 1922 cuando el potencial petrolero del país resultó plenamente confirmado con el reventón del pozo Barroso 2, también en el Zulia, pues durante nueve días arrojó de manera incontrolada unos 100.000 b/d. Para valorar la importancia de ese nuevo descubrimiento, basta señalar que para ese momento en el país se producían poco más de 6.000 b/d.

Para 1928, Venezuela está produciendo más de 290.000 b/d, exportando unos 275.000 b/d, con lo que el país se ubica como el segundo productor mundial de petróleo y el primer exportador. Sus niveles de producción fueron fuertemente incrementados con el paso del tiempo, hasta 1970, cuando alcanza su techo máximo de 3.780.000 b/d. Venezuela fue desde 1928 hasta 1970, el primer país exportador de petróleo en el mundo.

Las primeras concesiones otorgadas en Venezuela estuvieron regidas por las legislaciones mineras vigentes en la época. A finales del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del XX no había en el país leyes propiamente petroleras. En 1917 durante la Primera Guerra Mundial, iniciada ya la exportación de hidrocarburos venezolanos y recién nombrado Gumersindo Torres como Ministro de Fomento responsable en ese momento de todo el sector minero--, se decide suspender el otorgamiento de nuevas concesiones y someter a revisión las condiciones en que venían siendo concedidas.

Hasta esa época en Venezuela las empresas sólo cancelaban los impuestos regulares correspondientes a cualquier actividad económica, pero nada pagaban por el derecho mismo a la explotación del recurso. Tomando entonces como ejemplo los regímenes concesionarios de los principales productores de esos años, EE.UU. y México, se llegó a la conclusión de que en Venezuela, por estar esta actividad dirigida casi exclusivamente a la exportación y ser los yacimientos venezolanos de mejor calidad, la regalía debía ser superior al promedio de la de las tierras públicas en EE.UU.

Es así como en octubre de 1918 se promulgó el primer Decreto Reglamentario del Carbón, Petróleo y Sustancias Similares, que fijó la regalía entre 8% y 15% y se estableció, también por vez primera que, una vez finalizada la concesión, debían las minas revertir a la nación –con todos sus edificios, maquinarias y obras anexas– sin pago alguno por parte del gobierno.

En julio de 1920 se aprobó la primera Ley de Hidrocarburos, fijándose el mínimo para la regalía en 15%. En esta Ley se estableció también la figura de las reservas nacionales, concepto según el cual, una vez finalizado el período inicial de exploración, la mitad de la superficie explorada revertía a la nación y el gobierno debía negociar esas reservas, obligado por ley, en condiciones más ventajosas para la nación, superando los mínimos en impuestos y regalías. Se redujo además el área de las concesiones y se reafirmó inequívoca-mente la propiedad estatal de los yacimientos.

Disgustados por estas medidas, las compañías extranjeras y sus aliados, los comerciantes de concesiones, lograron derrotar al ministro Torres en sus incipientes intentos nacionalistas. Se promulgaron así nuevas leyes de hidrocarburos en 1921 y 1922 y Torres fue removido del Ministerio de Fomento. Las compañías llegaron incluso a participar directamente en la redacción de estas nuevas leyes. Además de reducir los tributos y regalías, permitieron que todas las concesiones otorgadas desde 1918 se ajustaran a la nueva ley, disminuyendo así sus aportes fiscales.

La ley de 1922 se mantuvo vigente, salvo reformas menores en 1925, 1928, 1935 y 1936, hasta la ley de 1938. Con esta última, ya ocurrida la muerte del dictador Gómez, se introdujeron algunos cambios respecto a la legislación precedente. Se autorizó por vez primera al Estado a desarrollar directamente actividades petroleras mediante la creación de empresas o institutos autónomos, se incrementaron nuevamente las regalías para nuevas concesiones otorgadas sobre reservas nacionales, se elevaron los impuestos de exploración y el inicial de explotación y se limitaron las exoneraciones de impuestos de importación solamente a los artículos realmente necesarios para las actividades específicas de la concesión.

La más trascendente de las leyes de hidrocarburos anteriores a la nacionalización, fue la promulgada por el Congreso Nacional en marzo de 1943, luego de una gran consulta nacional. Se fraguó con el antecedente de la nacionalización mexicana de 1938, en medio de la Segunda Guerra Mundial y dentro del clima de la política de buena vecindad del presidente Franklin Delano Roosevelt, y sufrió desde su promulgación hasta 1975 sólo dos reformas parciales y puntuales en 1965 y 1967.

Esta Ley de 1943 se logró por primera vez establecer en el país un régimen único y uniforme para todas las concesiones de hidrocarburos, tanto para las otorgadas con anterioridad, como las que se concederían posteriormente, mediante el mecanismo de la conversión. Estableció la posibilidad legal de que los antiguos títulos o contratos fuesen convertidos en nuevos títulos, libres de todo defecto y quedando los anteriores sin vigencia.

Con esto los concesionarios se acogían a la nueva legislación, con sus mayores cargas impositivas, pero el gobierno renunciaba a cualquier reclamo originado por la situación anterior. La duración de todas las concesiones de explotación, las nuevas y las convertidas, se estableció en 40 años contados a partir de esa fecha, es decir, el vencimiento se pospuso para el año 1983, aun cuando algunas de las viejas concesiones estaban ya próximas a su fecha de vencimiento.

La ley no sólo uniformó, sino que también incrementó los impuestos y regalías. Las regalías, por ejemplo, de un máximo de 15%, y promedio de 9%, pasaron a un mínimo de 16,66 % de lo producido medido a boca de pozo, que sólo en casos excepcionales, al declinar la capacidad productiva de los yacimientos, se podría disminuir para preservar el valor comercial de la explotación. Se estableció la soberanía impositiva del Estado, reconociéndole la atribución, por medio de leyes de impuesto sobre la renta, para modificar los tributos.

Esta Ley continuó vigente hasta el año 2001 en todo su articulado, con la excepción única del artículo 3 que fue derogado por un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de 1991, a fin de permitir la Apertura Petrolera de los años 90 del pasado siglo XX, por la vieja PDVSA en detrimento del interés colectivo nacional.






En el contexto de los años 70 del pasado siglo XX se producen una serie de hechos geopolíticos de gran trascendencia internacional como por ejemplo, la crisis energética y el fortalecimiento de la OPEP en la defensa del negocio petrolero frente al cartel de las compañías. Ello viene a favorecer una nueva orientación en la política petrolera nacional, expresada en la reforma del Impuesto Sobre la Renta a los fines de aumentar el impuesto sobre los ingresos netos petroleros, la fijación estatal de los precios de exportación del petróleo venezolano, la Ley de Reversión Petrolera (1971), la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural (1971) y la Ley del Mercado Interno de los Hidrocarburos (1973).

Con la promulgación el 30 de julio de 1971 de la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, el Estado venezolano se propuso desarrollar las disposiciones constitucionales y las de la entonces vigente Ley de Hidrocarburos de 1943 para que se cumpliera eficientemente la finalidad de que, vencidas las concesiones en 1983, fueran transferidos al Estado los bienes, instalaciones y equipos incorporados a todas las fases de la industria, sin indemnización alguna. Después de promulgada esta Ley se detectaron infracciones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones petroleras y en la reducción del nivel de inversiones en la industria, porque creían tales compañías que el capital invertido en la adquisición de bienes y equipos no serían indemnizados.

Una vez sancionada la Ley empezó a tomar cuerpo la argumentación de emprender en lo inmediato la Nacionalización del petróleo. Es así como el recién electo presidente Carlos Andrés Pérez, aprovechando el nacionalismo en boga, interrumpió el debate sobre los proyectos de Ley introducidos en el Congreso Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido COPEI, y decide adelantar con una acción ejecutiva la reversión petrolera.

De esta manera, el Ejecutivo Nacional, reunido el 22 de marzo de 1974 en Consejo de Ministros, dictó el Decreto N° 10 cuyo artículo 1 establecía la creación de una Comisión Ad honorem que tendría por objeto garantizar que el Estado asumiera el control de la industria petrolera.

Para la fecha, y antes que Venezuela, ya habían nacionalizado su petróleo países como México (1938), Indonesia (1965), Argelia (1971), Irak y Libia (1973). Arabia Saudita lo haría en 1979.

El 16 de mayo de 1974 fue instalada la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera que debía analizar la posibilidad de rescate inmediato de la industria. Es importante señalar que dicha Comisión estaba integrada por todos los sectores de nuestra sociedad, desde los partidos políticos hasta las universidades.

Con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, elaborada por la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera y presentada al Presidente de la República, en acto solemne, el 23 de diciembre de 1974, surgió la esperanza de abrir caminos en la búsqueda de una nacionalización que realmente fuera para el pueblo venezolano, que creara y afianzara la autonomía de decisión.

Paradójicamente, el Ejecutivo Nacional (Carlos Andrés Pérez) formuló e introdujo una modificación sustancial al proyecto original de la Ley (que fue promulgada como la Ley Orgánica el 29 de agosto de 1975, con vigencia desde el 1° de enero de 1976) que desvirtuó la esencia, propósito y razón de ser de una auténtica nacionalización, como la historia reciente lo demuestra.

Ciertamente, el Ejecutivo Nacional incluyó en el artículo 5°, el siguiente contenido:

“En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes.”

Además, contra lo previsto, el Estado venezolano pasó a indemnizar a las concesionarias por más de cuatro mil trescientos millones de bolívares (Bs. 4.300.000.000), cantidad que superaba los beneficios que ellas pudieran haber alcanzado de continuar operando hasta 1983, fecha prevista para la reversión en las respectivas leyes anteriores. Por otra parte, estas compañías habían ya recuperado varias veces su inversión inicial. El pago de esta indemnización fue “justificado” en el Proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera en atención al artículo 101 de la Constitución Nacional de esa época.

Un día después de la promulgación de la Ley de Nacionalización es creada Petróleos de Venezuela, S.A. por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975. Es importante señalar que desde su inició se organizó bajo una estructura casi idéntica a la preexistente.

Amén de la empresa pública nacional CVP fundada en 1960, cada concesionaria privada fue convertida en una filial, con sus respectivos contratos de asistencia técnica y comercialización. Así la Creole pasó a llamarse Lagoven; la Shell, Maraven; la Mobil, Llanoven y otras diez filiales, todas ellas con nombres terminados en “ven”. Esta irracional estructura fue defendida argumentando que la nacionalización debería producir la menor alteración en la actividad operativa diaria. La alta gerencia de esas compañías transnacionales pasó a constituir los equipos gerenciales de estas “nuevas” filiales y los equipos técnicos y profesionales se mantuvieron prácticamente inalterados, todo ello bajo el pretexto de que el Estado venezolano desconocía los procesos de comercialización internacional del petróleo y no contaba con la tecnología apropiada para garantizar que la industria siguiera operando con la misma eficiencia.

Así, la actividad petrolera en el país quedó bajo la responsabilidad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), como casa matriz, y sus 14 filiales, pero en realidad quedó en manos de los mismos que habían dominado el negocio petrolero antes de esta “nacionalización”. En 1977 se produjo la primera reorganización, reduciendo las filiales operativas de 14 a 7 al absorber las más grandes a las pequeñas. Más tarde ese mismo año se redujeron las filiales a cinco (5). En 1978, a cuatro (4) y en 1986, a tres (3): Lagoven, Maraven y Corpoven. En julio de 1997 se aprobó una nueva reestructuración que eliminó esas filiales y creó tres grandes empresas funcionales de negocios que integraran la corporación: PDVSA Petróleo y Gas; PDVSA Exploración y Producción; PDVSA Manufactura y Mercadeo y PDVSA Servicios, responsables de ejecutar la actividad operativa. Éstas entran en acción desde el 1° de enero de 1998.

En orden de jerarquía, el Ministerio de Energía y Minas ocupaba el más alto nivel y bajo su responsabilidad quedaba definir el lineamiento principal para el sector petrolero. Le seguía en jerarquía PDVSA, la cual supervisa y controla a las operadoras. Finalmente, las filiales se encargan de ejecutar los planes y programas operativos de la industria. Esta estructura, sin embargo, será desconocida por PDVSA, la cual llega a convertirse en el centro principal, y casi exclusivo, del diseño de políticas nacionales en materia petrolera.

En medio de este proceso de disminución del rol del Estado, el petróleo pasó de ser el tema central en el debate político en Venezuela, salvo en coyunturas muy particulares, a estar ausente de la confrontación pública y democrática. Así como a principios del siglo XX las concesiones petroleras fueron el mecanismo de penetración del capital transnacional, la vieja PDVSA se encargó de propiciar las condiciones para una nueva entrega del petróleo y se fue convirtiendo en un enclave, una agencia capturada, al servicio de intereses no nacionales.

La estatal petrolera venezolana se montó desde su surgimiento bajo un esquema que iba en detrimento de nuestra soberanía, con diversas estrategias como la Internacionalización o adquisición de capacidades refineras en el exterior desplegada a principios de los años 80 del pasado siglo y posteriormente en otras que se concibieron bajo la denominada Apertura Petrolera, con la cual se abre puerta franca al capital transnacional en correspondencia con la globalización neoliberal.



Con la toma de posesión del gobierno de Chávez, si bien se ha insistido en que los contratos y acuerdos contraídos por la República serán respetados, y hasta la fecha así ha sido, también se ha anunciado que ellos serán revisados en defensa de los intereses de la Nación. Los tiempos de la Apertura petrolera, en los términos en boga en la década de los 90, afortunadamente han quedado atrás.

Al iniciarse el gobierno de Chávez mantenía su vigencia la ley de 1943 que, conjuntamente con otras leyes promulgadas posteriormente y decisiones como la anteriormente comentada de la Corte Suprema de 1991, conformaban un marco jurídico complejo y no del todo coherente. Esta situación fue modificada con la promulgación de dos instrumentos legales que derogaron toda la legislación previa y crearon un nuevo marco legal. En septiembre de 1999 se publica en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y en noviembre de 2001 la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Entre los cambios más importantes que estos instrumentos legales incorporan es la introducción de modificaciones sustanciales a los dispositivos de captura de la renta. La nueva legislación por un lado incrementa la regalía y por el otro equipara los impuestos sobre la renta –tributo a la ganancia– con las restantes actividades económicas en el país. Para el gas el mínimo para la regalía se fijó en 20% y para los hidrocarburos líquidos en 30%. Se procura con ello garantizar un ingreso fiscal más estable, compartiendo los riesgos de precios bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista, de modo que la actividad aguas abajo no sea estimulada a fugarse del país.




La nueva política petrolera ha mostrado signos inequívocos en la recuperación del papel del Estado en la defensa de los intereses nacionales. Un cambio importante ha sido el desplazamiento del centro de diseño de la política petrolera en el país. Desde la “nacionalización” hasta 1999 ese centro se fue moviendo del ministerio a la alta gerencia de la industria petrolera. Desde 1999 hasta ahora es claro que ese desplazamiento se ha revertido. Es hoy el ministerio del ramo, hoy denominado Ministerio de Energía y Petróleo, el centro para el diseño e implementación de las políticas públicas para esta actividad. Y lo es tanto en el esfuerzo cotidiano por reconquistar esa responsabilidad, como por lo establecido en la nueva legislación que de manera inequívoca le asigna ese papel.

La reforma también se plantea estimular el desarrollo de los factores productivos nacionales. Usar el sector más fuerte de nuestra economía, el petrolero, para el desarrollo de otros. Esta orientación se ha materializado de múltiples maneras. El convenio marco firmado entre PDVSA y la CVG en junio de 2003, las ruedas de negocios con cooperativas y pequeñas y medianas empresas o el estímulo para la creación de cooperativas de servicios o transporte son ejemplos de ello. Ahora más que nunca la corporación tiene como norte el abastecerse, hasta donde ello sea posible, de bienes y servicios producidos en el país.

Además, la recuperación de los precios desde 1999 y la consecuente mejora en la recaudación fiscal, le permitió inicialmente al gobierno mitigar parcialmente la severa crisis económica que venía padeciendo el país desde por lo menos los inicios de la década de los 80. Desde el año 2002 la situación del país ha sido más complicada. Un golpe de Estado en abril de 2002 y cuatro “paros cívicos” ese mismo año fueron manifestación evidente de la aguda turbulencia política vivida. Y la severa crisis política tuvo, no podía ser de otra manera, consecuencias en el terreno económico.

Pero aún en tiempos de dificultades, la política petrolera, por los elevados ingresos fiscales que ahora genera, ha sido sostén fundamental de todo el proyecto del presidente Chávez y las fuerzas que lo apoyan. Esto se acentúa aún más durante el año 2004. Los precios del petróleo en el presupuesto de ese año fueron estimados en 20 dólares por barril, siendo que el precio promedio del año para la cesta venezolana superó los 30 dólares y produjo por ello cuantiosos ingresos. Esto a su vez implicó que los aportes al fisco hayan sido superiores a los inicialmente estimados y que, adicionalmente, la corporación haya podido, de manera directa, tener una participación más activa en planes de inversión planificados por el gobierno. Con parte de esos ingresos extraordinarios, el gobierno revolucionario bolivariano, comprometido con el interés nacional, ha podido crear tres fideicomisos para la inversión pública. Uno por hasta 2 millardos de dólares para iniciar la construcción de plantas hidro y termo eléctricas en Carabobo, Lara y Mérida; comenzar las obras del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora en Barinas; financiar la puesta en marcha de la nueva línea aérea nacional, Conviasa; e invertir en el sistema de riego Diluvio – El Palmar, en el estado Zulia. Otro fideicomiso de 480 millardos de bolívares esta dirigido a la inversión en desarrollos habitacionales y de infraestructura. Fue ya anunciada la construcción de más de 42 mil viviendas, así como dos tramos de la autopista a Oriente y varios kilómetros de vialidades agrícolas. Para su inversión en proyectos de desarrollo agrícola administrados por el Ministerio de Agricultura y Tierras, fue creado un tercer fideicomiso con un aporte de 1.152 millardos de bolívares.

Adicionalmente y con un presupuesto de 600 millones de dólares, la Gerencia de Desarrollo Social de la nueva PDVSA apalanca financieramente las Misiones educativas, de salud y productivas que viene adelantado el gobierno nacional con fuerza desde inicios de 2003. Esos recursos financian becas de las misiones educativas, aporta recursos para la construcción de módulos de salud de la Misión Barrio Adentro, participan en la Misión Identidad y apoyan la Misión Vuelvan Caras a través de los Núcleos de Desarrollo Endógeno.

Finalmente, importa señalar que la actual política petrolera, además de los medulares objetivos del control estatal de PDVSA y la vinculación, sin parangón, de está con su accionista, el pueblo venezolano, ha conquistado, con supremo éxitos, otros objetivos, como por ejemplo, la recuperación de los precios del petróleo que se habían situado en 10.5 USD en promedio durante 1998, al punto que durante el año 2004 superaron, en promedio los 30 USD por barril. Asimismo, el gobierno bolivariano ha podido anotarse una victoria más, en el fortalecimiento de la OPEP, la cual ha pasado a constituirse en un punto sinequanon de su agenda de política exterior. En ese mismo orden de idea conviene destacar la estrategia de Petroamérica, la cual viene progresivamente con sus vectores: Petrocaribe, Petro Sur y Petro Andina, unificando y consolidando paulatinamente a los pueblos de América Latina y el Caribe bajo una nueva visión de integración que es antítesis de la racionalidad del ALCA. Ciertamente, desde el plano energético hemos logrado no sólo unir a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en la estrategia de Petroamérica y Telesur, sino además extendernos a otras áreas bajo el modelo alternativo del ALBA (Alternativa Bolivariana para las América), tras su firma el 14 de diciembre de 2004 con el Estado Cubano en la ciudad de La Habana, en donde PDVSA, en correspondencia con lo pautado en esta declaración y acuerdo, abrió el 28 de abril de 2005 una agencia para atender las solicitudes y negocios que nos demande el Caribe en materia petrolera y energética.


El acontecimiento más relevante y dramático ocurrido durante toda la historia de la industria petrolera venezolana ha sido sin dudas el sabotaje cometido contra PDVSA entre diciembre del año 2002 y enero de 2003.

El lunes 2 de diciembre de 2002, fuerzas de oposición al gobierno de Hugo Chávez iniciaron una acción política llamada “paro cívico nacional” convocado con el fin de derrocar al primer mandatario nacional.

El 4 de diciembre los canales de televisión y radio del país comenzaron a trasmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo. Las imágenes mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba y participaba en la acción opositora. El tanquero permaneció fondeado y bajo el control de la tripulación insurrecta durante diecisiete días y se convirtió en la expresión más clara del compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de la vieja PDVSA con la acción de protesta que ya se había convertido claramente en acción de sabotaje.

De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos petroleros que habían promovido la paralización de la industria, conjuntamente con representantes de Fedecámaras (la cúpula empresarial venezolana) y de la CTV (la principal central sindical de trabajadores del país) aparecían como voceros e instigadores principales de esta acción insurreccional. Tal como había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de 2002, la oposición logró la insólita afiliación de la patronal y los trabajadores para cometer nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes establecidos en el país, confiando esta vez, y luego del fracaso del golpe político, en que la desestabilización de la principal fuente de ingresos de Venezuela –la industria petrolera-, terminaría por asfixiar al gobierno bolivariano y obligaría a la renuncia del presidente Chávez.

Los sucesos del Pilín León demostraron rápidamente que la estrategia se centraba en lograr la paralización del sector petrolero nacional. Siguieron a la tripulación del Pilín León las de los demás tanqueros de PDV Marina, gerentes y operadores de refinerías, empleados y trabajadores de los campos, profesionales y técnicos de las áreas de informática, contratistas de transporte interno de combustibles y derivados, en resumen, personal de distintas áreas con capacidad real para perturbar seriamente el funcionamiento de la principal industria nacional.

Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el transporte desde los centros de producción o refinación hacia los centros de suministro comercial. Entre otras afectaciones se pueden enunciar las siguientes:
La afectación del suministro a la planta de combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas nacionales e internacionales
Suspensión del suministro de combustible desde las Plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar
El cierre del 90% de las estaciones de servicio en los Estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo.
La suspensión total de la actividad en las Plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta última surtidora de los Estados Yaracuy, Lara y Cojedes
Suspensión de la Planta Guaraguao, con perjuicio para los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y parte de Sucre
Suspensión de la Planta Maturín, con cierre de las estaciones de servicio de los Estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre
Suspensión de la Planta de San Tomé, con lesión a la actividad de transporte de alimentos y productos industriales de la región
Mínimo despacho de las Plantas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la Planta de Bajo Grande surtidora de la costa oriental del Lago de Maracaibo, de la Planta de San Lorenzo, que operó en un 50%, con perjuicio para el suministro de los Estados Zulia, Trujillo y parte de Lara y Falcón
Suspensión total de actividades de la Planta El Vigía, con afectación de los Estados Mérida, Táchira y Apure.
La paralización del buque "Pilín León" y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de PDV Marina
La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros del país, lo cual no sólo paraliza el suministro de combustible al mercado interno, sino la venta de crudos y productos para la exportación
La negativa de seis buques tanqueros de terceros a atracar en muelles de PDVSA por considerar que no existe personal calificado en dichas instalaciones.
La producción total de crudo disminuyó en un 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento, a la paralización de 29 unidades de compresión en el Lago de Maracaibo y al detenimiento de las actividades del Terminal Lacustre de La Salina por abandono del personal
Paralización total en algunos casos y funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto La Cruz y Paraguaná, así como en las petroquímicas ubicadas en el Tablazo, Morón y José, y casos de personal con hasta 48 horas de trabajo continuo.

Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sabotaje petrolero promovido por sectores antinacionales trajo como consecuencia una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad venezolana. Estudios del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela señalan los siguientes datos:

El monto de las pérdidas por ventas no realizadas llegó a 14 430 millones de dólares aproximadamente, lo cual motivó una disminución de un monto cercano a 9 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de PDVSA y sus filiales al fisco nacional. Esto limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas.

El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.

Se registró igualmente una contracción en los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.
En términos monetarios, se observó un aumento en el efectivo de 26%, una caída de los depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.

¿Por qué tantos gerentes, ejecutivos y empleados de PDVSA llegaron a adoptar una actitud soboteadora contra su propia corporación? ¿Por qué pusieron en riesgo el futuro de sus lucrativas carreras profesionales, además de propiciar acciones que tanto el costaron al país?

La causa fundamental del conflicto entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta en marcha por el gobierno. Esta nueva política busca corregir la PDVSA que había logrado convertirse prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que había escamoteado al pueblo venezolano, utilizando su enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de su riqueza nacional; la vieja PDVSA, corporación estatal, funcionaba en la práctica como una empresa privada, dirigida por una “meritocracia”, término con el cual se conoce a la élite económicamente privilegiada y desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que dirigía la Corporación. La vieja PDVSA tenía niveles tan altos de autonomía respecto al Estado venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la política petrolera venezolana y emprendía iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de la empresa y se relegaba a segundos niveles los intereses del resto de la sociedad.

También desde los inicios mismos de la industria nacionalizada en 1975 comenzaron las presiones para disminuir la contribución fiscal de la empresa, y este renglón se convirtió en una verdadera “caja negra”.

Bajo el argumento de la necesidad cierta de recuperar niveles satisfactorios de reservas probadas, muy menguadas al momento de la nacionalización, se permitió que PDVSA no pagara dividendos a su único accionista (el Estado) por años. Solo la aguda crisis económica de 1994, causada por la más severa crisis financiera del país en toda su historia, forzó al gobierno de ese momento a reclamar por primera vez el pago de esos dividendos. Diversos mecanismos diseñados y perfeccionados durante el período concesionario para garantizar una adecuada participación del fisco en los ingresos del negocio petrolero fueron desmantelándose. La regalía, por ejemplo, establecida en un sexto como mínimo en la Ley de 1943, pasó a ser un máximo y en algunas asociaciones de la Apertura llegó a fijarse en 1%. Los Valores Fiscales de Exportación, que servían como instrumento de tributación indirecta en momentos de ganancias excesivas por los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, fueron, por presión de la corporación, eliminados. Cuantiosas inversiones en el exterior, con muy escaso control por parte del Ejecutivo y con dividendos inexistentes, elevaron los costos en demasía, reduciendo de esta manera el aporte tributario. Todo ello redundó en una significativa merma de la participación fiscal en el negocio petrolero venezolano.

Durante la Apertura, y contrariando toda la experiencia previa, en Venezuela se avanzó hacia un régimen fiscal más liberal donde el concepto de propiedad nacional y soberana del recurso tendió a debilitarse y con ello el derecho del Estado a reclamar parte importante de la renta como justa compensación y derecho natural al ser el accionista principal. Los regímenes fiscales liberales, como el aplicado en este caso, tienden a disminuir la importancia del Estado como propietario y a considerar el recurso natural como libre, sobre el que no hay, o se procura minimizarlos, derechos de compensación por su explotación.

Aunque no siempre de manera abierta, la reforma petrolera en marcha ha ocupado un lugar central de la aguda confrontación política reciente. El golpe de Estado de abril de 2002, con el derrocamiento del gobierno por 48 horas, y el paro petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, lo mostró con palmaria nitidez. El gobierno de facto de abril de 2002 no llegó a nombrar su gabinete completo, pero sí fue designado un nuevo presidente de PDVSA, el general Guaicaipuro Lameda, quien había sido removido del mismo cargo en febrero, por oponerse a la Ley de Hidrocarburos recién promulgada; durante las escasas horas que duró el gobierno de facto, esa ley fue derogada por decreto; igualmente, el acuerdo bilateral de suministro de petróleo a Cuba fue suspendido. El golpe de abril de 2002 fue la culminación de un paro cívico en apoyo al conflicto de la gerencia petrolera contra el gobierno y el paralización de la industria llevada a cabo en diciembre–enero de ese mismo año tuvo como objetivo explícito el derrocamiento del Presidente Chávez. Esa acción golpista fue derrotada gracias al esfuerzo de los trabajadores patriotas que se mantuvieron activos, la incorporación de personal jubilado y la movilización de fuerzas militares y sectores populares en defensa de una empresa que consideraron vital para nuestro futuro como nación independiente.

La mayor resistencia al proceso de cambios impulsado por el gobierno nacional actual, hasta enero de 2003, vino de la gerencia de la propia industria. La derrota por ella sufrida ha permitido la reorganización de la nueva PDVSA. Esta reorganización está convirtiéndola, de la más encarnizada opositora a tal proceso de cambios, a su principal aliada. La participación activa de la corporación desde la finalización del paro en los planes de desarrollo en marcha apunta claramente en esa dirección. La actividad petrolera fue medular para la sociedad venezolana durante buena parte del siglo XX y todo parece indicar que lo seguirá siendo a lo largo de este siglo. De allí que la definición de los rumbos y las orientaciones para este vital sector debe ser preocupación de todos.



La Apertura Petrolera fue, sin duda, la más importante de las fórmulas adoptadas durante la última década del siglo XX, para responder acríticamente a las exigencias y condiciones de la globalización neoliberal. Con ella se inició un proceso que transfirió del sector público al sector privado, fundamentalmente al capital transnacional, importantes actividades de la industria de los hidrocarburos en el país, que desde la nacionalización habían estado reservadas al Estado venezolano. Además, los pasos dados en esa dirección acarrearon muy elevados costos para el fisco nacional. Con la Apertura se avanzó hacia una profundización de la autonomía de PDVSA y sus filiales respecto al Estado, tratando de hacer de ella un Estado dentro del Estado.


Muy variados factores participaron en esa historia de debilitamiento del anterior Ministerio de Energía y Minas (MEM) frente a una PDVSA que escapaba cada vez más a los lineamientos y control del Estado venezolano. Factores que van desde la instauración de un nuevo orden mundial y la globalización de orientación neoliberal, hasta la crisis venezolana expresada en la deslegitimación que sufrió su sistema político y el deterioro de sus partidos, pasando por el surgimiento y fortalecimiento de un liderazgo “tecnocrático” dentro de la industria y el reclamo de tinte neoliberal en la redefinición del papel del Estado. La calidad de la función del MEM se fue deteriorando con el pasar de los años, mientras PDVSA se fue fortaleciendo y consolidando, alcanzando mayores niveles de independencia y autonomía frente al Estado, con gran menoscabo del aporte fiscal al mismo y a contracorriente de los más altos intereses del pueblo venezolano, el auténtico propietario del recurso petrolero.

Fue en este marco que PDVSA llegó a convertirse, por iniciativa propia y por omisión de otros, forzando caminos y llenando vacíos, en el centro principal, y casi exclusivo, de diseño de políticas antinacionales en materia petrolera. La Apertura Petrolera tuvo aquí su origen, y su justificación se fundamentó en el polémico artículo 5°, el mismo que modificara “oportunamente” Carlos Andrés Pérez, durante la aprobación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en el Congreso Nacioanl, para permitir la participación privada en el negocio petrolero.

Entre 1986 y 1987 se volvió al viejo régimen de concesiones, al iniciarse lo que se llamó la "Apertura Petrolera", esta vez bajo la modalidad de convenios operativos y asociaciones estratégicas para reactivar campos, producir crudo, explotar gas natural costa afuera, explorar áreas prospectivas, crear empresas mixtas, competir libremente en los mercados petroleros, y explotar y comercializar el carbón. En 1992, la vieja PDVSA inició un proceso masivo de "tercerización" que ocasionó una pérdida, nunca antes vista, de la efectividad nacional para manejar la industria petrolera y terminó dejándola prácticamente en manos de compañías extranjeras.

Inicialmente, la Apertura Petrolera generó 2.000 millones de dólares en inversiones extranjeras para PDVSA. Pero, a partir de 1992, la visión de los ejecutores del proceso de Apertura afectó negativamente la capacidad tecnológica y gerencial nacional para manejar la empresa y, por ende, la soberanía venezolana sobre la industria.

En 1996, las exploraciones en áreas petroleras del país estaban a cargo de consorcios extranjeros (Mobil, Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados Unidos; Veba, de Alemania; Elf Aquitane, de Francia; British Petroleum, de Inglaterra; Nipón, de Japón; Maxus, de Argentina; Norcen, de Canadá; China NPC, de China; y Repsol, de España). Igualmente ocurrió con los convenios operativos, en los cuales participaron también empresas nacionales de capital privado, tales como Polar, Inelectra y Arco, dejando al pequeño inversionista un máximo de participación de 10%.

A partir de 1992, la alta gerencia de PDVSA, que hasta entonces se nos había presentado como un modelo de eficiencia gerencial y empresarial, comenzó a perder control de la rentabilidad de la empresa. Mientras que la producción se elevó un 50%, los costos operativos se incrementaron en un 175%, de manera que la diferencia entre costo de producción y precio de venta de cada barril se redujo tanto que, de seguir esa tendencia, la empresa no sería rentable para Venezuela, pero sí para el capital inversionista extranjero.

La Apertura petrolera, con sus esquemas de convenios operativos para la reactivación y explotación de áreas nuevas y asociaciones estratégicas para la producción, tuvo como uno de sus objetivos principales el control de la producción y comercialización de los crudos pesados de la Faja del Orinoco. Más aun, el sector privado buscaba, aplicando la cartilla neoliberal, controlar definitivamente las áreas petrolera, industrial y de servicios. Bajo mecanismos de tercerización (outsourcing), la estrategia se centró especialmente en la producción de gas natural y el área de servicios, que resultó ser un aspecto medular, particularmente la informática.

PDVSA, punta de lanza de estos intereses, llega a ser considerada para ese momento un ‘Estado’ dentro del Estado. Prueba de ello es lo que se generó a partir del descubrimiento realizado por Lagoven, filial de PDVSA, de grandes yacimientos de gas libre en el oriente venezolano. Inmediatamente, Shell International Gas Limited promueve la idea de exportar gas licuado a Estados Unidos y Lagoven, para tramitar la viabilidad del negocio propuesto por la Shell, demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de varios artículos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, los cuales protegían a la Nación contra los intereses de las empresas extranjeras. Fue tanta la presión ejercida, que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Lagoven, creando así el marco legal para la realización del proyecto, el cual recibió el nombre de "Cristóbal Colón".

La internacionalización de la empresa degeneró en la transferencia de recursos e ingresos petroleros venezolanos hacia el exterior. Otro agravante fue la existencia de empresas que resultan no auditables para Venezuela, debido a trabas contables y jurídicas propias de la internacionalización. Además, algunas refinerías en el exterior, donde se invirtieron más de 2.500 millones de dólares, fueron un mal negocio, ya que en muchos casos se adquirieron equipos técnicamente obsoletos e instalaciones pertenecientes a compañías en graves dificultades financieras. De hecho, muchas de ellas no podían refinar crudos pesados venezolanos, por lo que PDVSA comenzó a comprar crudos a otros países para poder utilizar dichas refinerías.

Quizás el mayor de los problemas gerenciales lo constituyó la "tercerización" (outsourcing). Para la década de los 90, PDVSA ya había logrado la experticia en materia tecnológica necesaria para manejar sus actividades, incluyendo los aspectos administrativos y la automatización de los procesos técnicos de la empresa. Pero, repentinamente y sin explicaciones justificadas, se entregó este conocimiento a empresas de servicios extranjeras, las cuales comenzaron a satisfacer las necesidades de PDVSA de manera tan excluyente que afectaron la capacidad gerencial y tecnológica nacional para manejar la empresa. Este factor impidió la generación de empresas de servicios nacionales e incrementó desproporcionadamente los costos operativos de PDVSA.

De haber continuado esta tendencia privatizadora, la situación de la Corporación se agravaría en la década 2000-2009. El costo del Plan de Inversiones de PDVSA en ese período sería de 50 a 55 millardos de dólares (75 a 82 billones de bolívares), de los cuales solamente el 38% se destinaría a actividades propias de la empresa, mientras que el 42% (unos 33 billones de bolívares) se destinaría a la tercerización.

En 1997, durante la gestión de Luis Giusti, quien actualmente es un alto funcionario de la Shell y asesor en el área de energía del presidente Bush, se creó la empresa de servicios informáticos INTESA. Ella contó con 40% de capital accionario de PDVSA y 60% de SAIC (Science Applications International Corporation). SAIC es una empresa que ha montado los sistemas de defensa y ataque aeroespacial mundial del Departamento de Defensa de Estados Unidos y tiene como administradores al general Wayne Downing (ex comandante en jefe de las fuerzas especiales de Estados Unidos), al general Jasper Welch (ex coordinador del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos) y al almirante Bobby Ray Inman (ex director de la Agencia Nacional de Seguridad y antiguo director de la CIA). SAIC también presta sus servicios a otras empresas petroleras del mundo, incluyendo las competidoras de PDVSA.

INTESA terminó controlando desde sus servidores todos los datos financieros, presupuestarios, de instalaciones físicas operativas y de negocios de PDVSA. De esa manera, información que se califica como confidencial, y que es de importancia fundamental para la seguridad y defensa de nuestra soberanía, volvió a quedar en manos de una empresa transnacional. Es importante señalar que diversos miembros de PDVSA, así como parlamentarios del Congreso Nacional, se opusieron sin éxito a que INTESA manejara de esa manera toda la información y operaciones de la empresa petrolera venezolana. Finalmente, en junio de 2002, debido a un informe de la Contraloría General de la República que objetó el contrato de servicios entre PDVSA e INTESA, se decidió rescindir este contrato y reestructurar el manejo informático automatizado de la empresa petrolera.

Con una duración de 20 años por cada convenio, inversionistas y operadores privados asumieron la producción de crudo de algunos campos supuestamente inactivos o que requerían inversiones para aumentar su nivel de extracción. Fueron firmados 33 convenios operativos en 1992, 1993 y 1997. En los contratos de la segunda y tercera ronda, específicamente, se cede la soberanía jurídica del país, al establecer que cualquier diferencia será resuelta en tribunales internacionales y no se ponen límites a la profundidad permitida en las perforaciones. El no establecer un límite a la profundidad, ha permitido que en más de uno de los campos objeto de estos convenios se hayan encontrado y están en producción nuevos yacimientos. Se han topado con esta suerte, por ejemplo, las contratistas de los campos de Quiriquire y Jusepín (Estado Monagas) y Pedernales (Estado Delta Amacuro).

Los convenios operativos no son en realidad simples contratos de servicios sino verdaderas concesiones petroleras. El fin último de estas iniciativas era la re-privatización de la industria petrolera. Dada la forma en la que se ejecutaron estos esquemas de negocios, se terminó violando ciertas potestades del Estado venezolano pues se cedieron a terceros actividades claramente reservadas a éste como las de exploración, perforación y producción.

A esto se suma que los contratos de las asociaciones estratégicas y los convenios operativos, autorizados por el extinto Congreso de la República durante la segunda gestión del expresidente Rafael Caldera, fueron violados reiteradamente por las anteriores juntas directivas de PDVSA y las empresas privadas participantes, a espaldas de lo autorizado inicialmente por los legisladores. Las empresas petroleras internacionales participantes adeudan desde el año 2000 hasta junio de 2005 más de 4 millardos de dólares en impuestos y regalías.


Habiendo creado la falsa matriz de opinión acerca de la disminución de las reservas del crudo venezolano y la supuesta falta de interés traducida en la escasa inversión por parte de las empresas transnacionales, en 1994, el Directorio de PDVSA aprobó diez áreas para desarrollar bajo la figura de Asociaciones para la Exploración a Riesgo de Nuevas Áreas y la Producción de Hidrocarburos Bajo el Esquema de Ganancias Compartidas. Es así como el capital privado internacional siguió controlando la exploración y explotación de crudos convencionales, ligeros y medianos, que son el centro del negocio petrolero en Venezuela. El instrumento de esta operación fue denominado Participación del Estado en la Ganancia (PEG). Fue denunciado en su oportunidad como una medida que mantenía la figura de las antiguas concesiones.

En el caso de estas asociaciones se ha encontrado, por ejemplo, que aunque los contratos estipulaban una producción de hasta 100 mil barriles, por los que se pagaría una regalía de 1%, las empresas extraían hasta el doble aplicando al conjunto la misma ganancia, cuando debían pagar por los 120 mil restantes 30% más. Han existido casos además, en que las empresas han ocupado hasta el doble de los terrenos de explotación, sin estar autorizados para ello.

La Orimulsión

La tendencia privatizadora que caracterizó a la Apertura petrolera, tuvo en la Orimulsión su ejemplo más significativo. Los crudos pesados y extrapesados que se localizan en la Faja del Orinoco (el mayor reservorio de hidrocarburos del mundo) no presentaban, antes de la nacionalización, interés comercial para su explotación como hidrocarburo. Para desarrollar comercialmente ese patrimonio de la nación, PDVSA crea un producto más barato, que escapa a las regulaciones internacionales sobre hidrocarburos. Nace, entonces, el “bitumen”, el cual es promocionado como combustible industrial diseñado para plantas de generación de electricidad, fábricas de cemento, plantas de fertilizantes y complejos químicos, y como sustituto del carbón y el aceite pesado o fuel oil. La filial de PDVSA Bitúmenes Orinoco, S.A. (BITOR), nace en 1988 para producir y comercializar la Marca Registrada Orimulsión.

Lo que no dijo PDVSA en su momento, con respecto a la viabilidad comercial de la Orimulsión, fue que su contribución fiscal era muy inferior al resto de los hidrocarburos producidos en Venezuela. Usando como argumento el alto nivel de tecnología y las inversiones requeridas, el esquema previsto para el desarrollo de la Orimulsión era la participación del capital privado, esquema que también se aplicó en las áreas de petroquímica, carbón y suministro de servicios industriales. En 2004, el MEM anunció que no continuaría promoviendo la comercialización de la Orimulsión por la muy baja retribución al fisco. La viabilidad comercial de ese nuevo combustible se sustentaba en regalías de 1% e impuesto sobre la renta de 34%.

¿Qué obtuvo la nación venezolana de PDVSA durante la Apertura petrolera?

Los aportes de PDVSA al fisco nacional disminuyeron significativamente en los últimos años. En 1981, el ingreso bruto de PDVSA por producción de hidrocarburos alcanzó los 19.7 mil millones de dólares y pagó al Estado por ingresos fiscales un monto de 13.9 mil millones de dólares. En contraste, en 2000 PDVSA obtuvo ingresos brutos por 29.3 mil millones de dólares y canceló al Estado 11.3 mil millones de dólares, Es decir, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó al Estado en 1981, 71 céntimos en rentas, regalías e impuestos y en 2000 solamente 39 céntimos.

Para el año 2000, los ingresos petroleros fueron de 50.000 millones de dólares, de los cuales el Estado venezolano recibió 10.000 millones de dólares (20%) y los restantes 40.000 millones de dólares se gastaron en los denominados costos operativos PDVSA y en la transferencia de la renta petrolera al capital petrolero internacional o al capital privado nacional. Trasladar ganancias al exterior ha sido el verdadero resultado de la internacionalización. Desde 1995 a 2000, PDVSA estuvo traspasando, desde sus cuentas domésticas hacia sus filiales extranjeras, un promedio de 500 millones de dólares anuales en ganancias. Desde que se inició la internacionalización hasta 2000, las filiales extranjeras de PDVSA nunca pagaron dividendos a esta empresa. Estas filiales pagaron dividendos por primera vez en diciembre de 2001, conminadas a ello por el gobierno nacional del presidente Hugo Chávez.